Ante las insistentes voces ciudadanas de que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, al menos 27 organizaciones sociales se han unido, entre ellas Cristosal y ASONOG, con la intención de lograr que las autoridades involucradas adquieran el compromiso y agilicen las gestiones para su creación y puesta en funcionamiento al amparo de la Organización de las Naciones Unidas. Esta articulación también busca incidir en una elección de magistrados honorables para la CSJ y apoyar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción.

Una serie de informes temáticos denominada Estado de País, alimentada con datos estadísticos e históricos sobre cada problema nacional, presenta todas las semanas la ASJ. Este mes se conversó sobre seguridad, educación, salud, democracia e institucionalidad con una mirada crítica de expertos para que las autoridades se comprometan con verdaderos cambios sociales. Entre los expertos sobre el tema democrático estuvo Eric L. Olson, director de Política e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle (SIF).

Con el objetivo de erradicar la brecha de desigualdad en los liderazgos de las comunidades y en los gobiernos locales, ASONOG ha organizado capacitaciones con por lo menos 16 oficinas municipales de la mujer, con las cuales busca la organización necesaria de ellas para que puedan incidir en la toma de decisiones de sus municipios, pero que además apoyen en la organización e impulsen el liderazgo en proyectos sociales y económicos.

Al llegar a tres meses del régimen de excepción, un grupo de organizaciones de sociedad civil, entre ellas Cristosal, presentó una denuncia pública virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por múltiples violaciones a la integridad de la población salvadoreña. Según los datos presentados ante el órgano continental, el Estado salvadoreño ha cometido ya delitos de lesa humanidad en contra de población civil, con el argumento de que pertenecen a pandillas. El Gobierno asegura que ha detenido a más de 43 mil pandilleros en este tiempo.

La falta de regulación del uso de las criptomonedas en todo el mundo ha puesto en alerta a expertos en fiscalización pública como Acción Ciudadana, que en un informe presentado este mes mostró las alarmas por el mal uso que puedan darle los partidos políticos salvadoreños a estos activos que ya son de uso legal en el país, pero tampoco tienen regulación. La preocupación radica en la recaudación de fondos para financiar campañas políticas para las elecciones legislativas y municipales de 2024. La entidad considera que aún hay tiempo y por ello ha pedido legislar en su control.

La ASJ ha sostenido reuniones con entidades que conforman la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la CSJ, con la intención de incidir en la toma de mejores decisiones en el listado de candidatos al Congreso. Se ha conversado con comisiones y bancadas del Congreso, facultades de Derecho, el Colegio de Abogados y la Comisionada de Derechos Humanos, para que se adopten estándares de transparencia y una postulación abierta de candidatos.

Un nuevo engaño a la población más necesitada, esta vez con más de 210 mil bonos de alimentos, denominados "bonosupros" fue denunciado la segunda semana de junio por el CNA, que señaló a dos altos funcionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, quienes orquestaron, en días previos a las elecciones generales de 2021, ofrecer esos bonos en todo el país. Entregaron los tiquetes, pero solo canjearon 41 mil bonos, de los cuales 10 mil fueron liquidados como la ley establece. No solo hubo delitos contra los fondos públicos, sino que se jugó con la necesidad de la población.

Con una agenda cargada de acciones por realizar en favor de la población, y una serie de alianzas logradas para seguir trabajando por una región más justa y equitativa, organizaciones como ASJ y ASONOG por Honduras y Funde, TRACODA y Acción Ciudadana por El Salvador, asistieron a la IX Cumbre de las Américas, que reunió a las autoridades del continente. Existe especial interés por el desarrollo del norte de Centroamérica, luego de que la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, anunciara el aporte de entidades privadas por US$ 1,900 millones para solucionar la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo.

Un diplomado universitario sobre la buena gobernanza en el Estado y el sector privado, coordinó el FOSDEH junto con otras entidades que buscan elevar los estándares de funcionarios y empleados tomadores de decisiones, para elevar el nivel ético y profesional. Titulado Gobernanza, Estado, mercado y sociedad civil desde la perspectiva de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, este proyecto busca también lograr un camino de éxito para las alianzas público privadas en grandes proyectos de país.

En una escalada de violaciones de los derechos humanos, diversas organizaciones de sociedad civil han documentado cientos de violaciones a las garantías constitucionales en lo que lleva el régimen de excepción. Según Cristosal, al menos 52 personas han muerto de forma violenta dentro de las prisiones luego de ser detenidas y acusadas de pertenecer a las pandillas, aunque muchos de ellos han alegado no pertenecer a las mismas. De igual forma, decenas de familias han denunciado que en este tiempo pandillas o las mismas autoridades las han obligado a escapar de sus hogares.

En un intento por lograr que los diputados al Congreso Nacional ejerzan sus funciones con ética y transparencia, el CNA inició una campaña con la cual los parlamentarios se comprometen de forma personal a actuar con transparencia en la legislación como en su proceder. De esa cuenta, día con día tanto diputados propietarios como suplentes se han sumado y en la actualidad ya la mitad de los 256 legisladores se ha sumado a esta iniciativa.

Ante la crisis social que desató a finales de marzo el régimen de excepción del gobierno salvadoreño, al no poder controlar a las pandillas, Cristosal ha mantenido una campaña permanente de información y apoyo para quienes han tenido un familiar detenido de forma arbitraria, en lo que lleva de vigencia el decreto. Las familias han realizado acciones legales con acompañamiento, para conocer en dónde están los detenidos.

El foro Estructuras criminales detrás de la captura del Estado, organizado por el CNA reunió en la capital estadounidense a expertos en la lucha anticorrupción en América Latina, para presentar la realidad de los países. Participaron Dorothy Bradley, exauditora general de Belice; Gabriela Castellanos, directora del CNA, de Honduras; Carlos Ruano, juez guatemalteco, y Carlos Paparoni, diputado venezolano. En una primera parte del evento, también estuvieron como invitados la subsecretaria de Asuntos Antinarcóticos de EE.UU., Heide Fulton, y Michael Camilleri, director ejecutivo de la Fuerza de Tarea del Triángulo Norte de USAID.

Previo a la designación de fiscal general por parte del presidente, Acción Ciudadana realizó una serie de talleres y capacitaciones con líderes comunitarios en diferentes departamentos, para empoderarlos en la importancia de este alto cargo en la justicia. Los talleristas conocieron el fundamento del Ministerio Público y las bases que sustentan la elección de personas capaces y honorables. El objetivo es lograr que la ciudadanía se preocupe por mantener una auditoría social del quehacer público.

Ante las malas designaciones de altos cargos en los sistemas de justicia, tanto de fiscales generales como de magistrados, la Fundación Internacional de Seattle organizó el foro virtual Cómo mejorar los procesos de selección para combatir la corrupción y la impunidad, que contó con las expertas Claudia Paz y Paz de Cejil; Ruth López, de Cristosal; Gabriela Castellanos, del CNA, y el asesor principal de USAID, Michael Camilleri, entre otros expertos.

Ante el anuncio de la creación del Aeropuerto del Pacífico, el Tren del Pacífico y nuevos centros penales, Acción Ciudadana y Funde hicieron un llamado al gobierno a contrarrestar la opacidad que se vislumbra en estas megaobras si no se siguen criterios de transparencia y legalidad. Según la denuncia pública, estos proyectos no deben tener una normativa propia, sino que deben regirse por la legislación vigente para compras y contrataciones. Esto garantizaría una libre competencia y transparencia entre proveedores.

“Entre broma y broma la verdad se asoma” fue un evento que reunió a jóvenes activistas de Honduras, Guatemala y El Salvador para intercambiar propuestas de incidencia colectiva contra la corrupción y la impunidad desde la creatividad. Los jóvenes compartieron con reconocidos caricaturistas salvadoreños y con miembros de la selección de fútbol playa del país.

El ICEFI y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) buscan fortalecer la fiscalización de los ingresos del Estado a través de un mejor monitoreo del movimiento del dinero y también de las asignaciones que el gobierno les da. Es por ello que firmaron un convenio de cooperación para que el instituto les apoye en esa labor de control.

Un grupo de más de cien académicos, estudiantes y miembros de sociedad civil de 14 países visitó Tegucigalpa, en enero de 2020, para conocer el trabajo de la ASJ en la búsqueda de una sociedad más justa.

En una serie de foros ciudadanos denominada Estado de País: Honduras 2022, la ASJ ha abordado cada semana uno de los más apremiantes desafíos que enfrenta el Estado hondureño y que afecta a su población. El primero de estos eventos, relacionado con las compras y contrataciones públicas, para el cual se analizó la gestión de los últimos diez años, reveló que solo en 2021, el Estado perdió más de 4 mil millones de lempiras por corrupción en este rubro.

Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron por las destituciones ilegítimas de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la república, por parte de 64 diputados de la Asamblea Legislativa en mayo de 2021.

Acción Ciudadana fue la primera organización en Guatemala que promovió diagnósticos y estudios sobre transparencia y combate a la corrupción. En 2003 creó el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) para brindar asistencia legal gratuita a víctimas o testigos de casos en la administración pública.

Acción Ciudadana presenta propuesta de reformas a la Ley de Partidos Políticos a miembros de la Asamblea Legislativa de El Salvador. La propuesta incluye incrementar los niveles de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y control ciudadano que pueden prevenir los efectos nocivos de un financiamiento opaco de la política salvadoreña.

TRACODA capacita a jóvenes participan en talleres sobre rendición de cuentas y fiscalización de fondos públicos.

Un técnico de FOSDEH conversa con jóvenes estudiantes sobre la importancia de la transparencia en las instituciones del Estado con la campaña “Honduras no se vende ni se regala. Los privilegios fiscales no son desarrollo” de 2019.

El CNA realiza de forma anual Tecnópolis, un tour virtual que recorre las ciudades más importantes del país para dar a conocer el impacto de la corrupción, generar espacios de reflexión, aumentar la conciencia social y construir las bases para una cultura anticorrupción.

Líderes del sector filantrópico internacional se reunieron con la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, para discutir sobre las causas de la migración en el norte de Centroamérica. Eric L. Olson, director de Políticas de SIF, expuso sobre la urgencia de hablar con la sociedad civil centroamericana para tener una visión completa de la situación en la región.