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El CCINOC reitera su alarma por los retrocesos democráticos y las amenazas al Estado de derecho democrático y constitucional en Guatemala

El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica (CCINOC) reitera su preocupación por la tendencia regresiva en Guatemala y el resto de la región y su temor de que se dé paso a gobiernos dictatoriales de corte autoritario, lo cual debe ser el motivo de atención y alerta de los pueblos centroamericanos y el resto del orbe.

Durante los últimos cuatro años, Guatemala ha experimentado retrocesos importantes en el funcionamiento de las instituciones vinculadas al sector justicia e incluso un claro proceso de captura. Puestos clave están siendo ocupados por personajes que responden a estamentos de poder antidemocrático y corrupto.

El CCINOC considera alarmante que los órganos encargados de procurar y administrar justicia penal en Guatemala se encuentran bajo acoso de las fuerzas que favorecen la corrupción, con el propósito de lograr impunidad en los casos bajo investigación y para quienes están sujetos a proceso penal. Estas redes pro impunidad han capturado posiciones determinantes en la toma de decisiones jurisdiccionales y mantienen el sistema democrático y constitucional en grave riesgo de daño irreparable.

Se han producido maniobras burdas para someter a procesos penales a jueces y juezas independientes que han mantenido posiciones a favor de la justicia y no se han prestado a la manipulación de las estructuras políticas y criminales. Lo mismo sucede con fiscales e investigadores del Ministerio Público responsables de casos sobre hechos graves de corrupción. Este acoso a jueces y fiscales es parte de una estrategia para desarticular los remanentes de probidad y decencia en el ejercicio de la función pública en el sector justicia guatemalteco, lo que pone en grave peligro el sistema y la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

El CCINOC insta a la ciudadanía organizada a actuar con decisión para enfrentar esta crisis y a ejercer su derecho de acción contra infractores de los derechos humanos y legitimidad de resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La mayoría ciudadana debe oponerse activamente al avance de esa tendencia amenazadora contra el Estado guatemalteco y su democracia.

Llamamos a la comunidad internacional a redoblar su vigilancia, mantenerse atenta al desarrollo de estos acontecimientos y dar acompañamiento al pueblo guatemalteco y sus organizaciones en su lucha por la preservación de la justicia. También debe acompañar y apoyar la protección de las personas operadoras de justicia que ahora son acosadas y criminalizadas mediante una estrategia irracional que pretende aplicar represalias contra quienes cumplieron con su deber constitucional de perseguir y procesar a involucrados en la comisión de ilícitos, particularmente los hechos de corrupción que tienen como consecuencia violaciones a los derechos humanos. 

Febrero de 2022

Secetaría Ejecutiva