12 de diciembre de 2023
Estas son las 49 personas designadas por el Departamento de Estado y los motivos por los cuales fueron sancionadas por socavar la democracia en Honduras. En orden de los más recientes, en diciembre de 2023 fueron incluidas 3 personas en el listado; en julio de 2023 fueron 10; en julio de 2022 otras 15, y en julio de 2021 las primeras 21.
Diciembre de 2023
Ricardo Arturo Salgado Bonilla, el actual ministro de Planificación Estratégica, socavó los procesos o instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del partido LIBRE a través de grupos leales al partido para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023.
Mohammad Yusuf Amdani Bai, un empresario privado, incurrió en importantes actos de corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada.
Cristian Adolfo Sánchez incurrió en corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de US$ 300,000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida.
Julio de 2023
Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en actos significativos de corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
Alex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras, de propiedad estatal, se involucró en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso al defraudar al gobierno de Honduras por aproximadamente $1,6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.
Edna Yolany Batres Cruz , exministra de salud, incurrió en actos significativos de corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño en más de $300,000 al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida.
Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en actos significativos de corrupción al otorgar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en actos significativos de corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos al intimidar a periodistas.
Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exdirector de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en actos significativos de corrupción lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante “Los Cachiros”, al otorgar $2,76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa constructora controlada por “Los Cachiros”.
Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, incurrió en actos significativos de corrupción al malversar fondos estatales a través de la sobrevaloración de proyectos de obras públicas.
Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras del Partido Liberal, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para beneficio personal y político.
Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario privado y exmiembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en actos significativos de corrupción a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal.
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, el actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad en aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de una compañía de cable propiedad de su familia.
Julio de 2022
Carlos Josué Montes Rodríguez, secretario del Trabajo de 2006 a 2009, incurrió en actos de corrupción al aceptar sobornos para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
Carlos Josué Romero Puerto, coordinador de proyectos del Bono 10 Mil, transfirió ganancias de corrupción tras colaborar en la apropiación indebida de más de US$ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, gerente de Finanzas del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción tras colaborar en la apropiación indebida de más de US$ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Claudia Yamilia Noriega González, coordinadora de Proyectos del Programa “Tarjeta Catracha” de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción tras colaborar en la apropiación indebida de más de US$ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), gerente de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción tras colaborar en la apropiación indebida de más de US$ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Edgardo Antonio Casaña Mejía, actual diputado al Congreso, incurrió en actos de corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para destinar más de US$ 5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.
Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, supervisor de Controles Internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción tras colaborar en la apropiación indebida de más de US$ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Enrique Alberto Flores Lanza, ministro de la Presidencia de 2006 a 2009, incurrió en actos de corrupción al recibir US$ 2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlo indebidamente entre aliados políticos.
Gonzalo Molina Solórzano, jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA), de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción tras colaborar en la apropiación indebida de más de US$ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente general del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción tras colaborar en la apropiación indebida de más de US$ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
Javier Rodolfo Pastor Vásquez, ministro de Salud de 2006 a 2009, incurrió en actos de corrupción al aceptar $235.000 en sobornos para interferir en los procedimientos de contratación pública para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, director de la Policía Nacional de 2012 a 2013, incurrió en actos de corrupción cuando usó su cargo como jefe de la Policía para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
Juan Ramón Maradiaga Franco, gerente administrativo del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA), de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción tras colaborar en la apropiación indebida de más de US$ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural
Rasel Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso, incurrió en actos de corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente US$ 327,000 de fondos públicos.
Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de 2006 a 2009, incurrió en actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales cuando usó su posición en la ENEE para interferir en procesos de contratación pública y dirigir los contratos a una empresa en la que tenía interés financiero.
Julio de 2021
Audelia Rodríguez Rodrigo, actual diputada, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos del programa de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, que luego desvió a sus cuentas personales.
Augusto Domingo Cruz Asensio, exdiputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse en forma indebida de fondos del programa nacional de Generación de empleo que fueron desviados a cuentas personales.
Dennys Antonio Sánchez Fernández, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de un programa público de control de plagas en el departamento de Santa Bárbara, del cual es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales.
Elden Vásquez, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción mediante la apropiación indebida de USD 12,5 millones de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas para su beneficio personal. Fue imputado en el caso de corrupción Pandora, investigado por la MACCIH en junio de 2018.
Eleazar Alexander Juárez Sarabia, exdiputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de un programa público de control de plagas en el departamento de Valle, del que es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales.
Elvin Ernesto Santos Ordóñez, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas.
Gladys Aurora López, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras, participó en actos significativos de corrupción. Fue imputada en el caso de corrupción Arca Abierta investigado por la MACCIH, por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos gubernamentales.
Gustavo Alberto Pérez, actual diputado, ha participado en actos significativos de corrupción. Fue imputado en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos públicos.
Héctor Enrique Padilla Hernández, exdiputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, en el departamento de Choluteca, del cual es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales.
José Celin Discua Elvir, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas.
José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, expresidente de Honduras, participó en actos significativos de corrupción durante su presidencia al aceptar sobornos de la organización de narcotráfico Los Cachiros a cambio de favores políticos.
Juan Carlos Valenzuela Molina, actual diputado. Fue imputado en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la MACCIH, por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos gubernamentales.
Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de INVEST-H, participó en actos significativos de corrupción por apropiación indebida de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Miguel Edgardo Martínez Pineda, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción. Fue imputado en el caso de corrupción Pandora investigado por la MACCIH en junio de 2018 por la apropiación indebida de USD 12,5 millones de fondos públicos correspondientes a la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas en beneficio propio.
Milton Jesús Puerto Oseguera, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción. Fue imputado en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos públicos.
Óscar Nájera, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción relacionados con la organización de narcotráfico Los Cachiros. Fue designado conforme al artículo 7031(c) por participación en actos significativos de corrupción.
Rodolfo Irías Navas, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas.
Román Villeda Aguilar, diputado, obstruyó investigaciones de corrupción, lo que dio por resultado la desestimación de un caso de malversación contra varios legisladores que estaban siendo investigados por desviar dinero a una ONG falsa.
Rosa Elena Bonilla de Lobo, exprimera dama, participó en actos significativos de corrupción mediante fraude y apropiación indebida de fondos públicos.
Sara Ismela Medina Galo, diputada, obstruyó investigaciones de corrupción en su función de Secretaria del Congreso.
Welsy Milena Vásquez López, actual diputada, participó en actos significativos de corrupción, entre ellos malversación y apropiación indebida de fondos públicos para beneficio personal. Fue imputada en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la MACCIH, por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos públicos.
State.gov: actores corruptos y antidemocráticos, julio de 2021.
State.gov: Actores corruptos y antidemocráticos, julio de 2022.
State.gov: Actores corruptos y antidemocráticos, julio de 2023.
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