12 de diciembre de 2023

Estas son las 52 personas designadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los motivos por los cuales fueron sancionadas por socavar la democracia en Guatemala. En orden de los más recientes, en diciembre de 2023 fueron incluidas 4 personas; en julio de 2023 fueron 10; en julio de 2022 otras 16; en septiembre de 2021 fueron 2, y en julio de 2021 las primeras 20.

Diciembre de 2023

Leonor Eugenia Morales Lazo, actual fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, socavó procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial.

Fiscal Eugenia Morales Lazo. Foto: Prensa Comunitaria.

Noé Nehemías Rivera Vásquez, actual fiscal jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad.

Fiscal Noé Rivera. Foto: Redes sociales.

Pedro Otto Hernández González, actual fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial.

Fiscal Pedro Hernández. Foto: Redes sociales.

Silvia Patricia Valdés Quezada, ex magistrada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos.

Silvia Patricia Valdés, exmagistrada y expresidenta de la CSJ. Foto: Organismo Judicial.

Julio de 2023

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Cinthia Monterroso. Foto: Prensa Comunitaria.

Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, incurrió en actos significativos de corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilegales, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.

Edgar Navarro. Foto: Prensa Libre.

Fredy Raúl Orellana Letona, juez actualmente, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Fredy Orellana. Foto: No-Ficción.

Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro del interior, involucrado en actos significativos de corrupción.

Gendry Reyes. Foto: Publinews.

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Jimi Bremer. Foto: La Hora.

Joviel Acevedo Ayala, el actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), incurrió en actos significativos de corrupción al promover apoyo político al STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.

Joviel Acevero. Foto: La Hora.

Lesther Castellanos Rodas, exjuez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción que había presentado denuncias administrativas contra Castellanos por el mal manejo de un caso penal.

Lesther Castellanos. Foto: OPT Occidente.

Melvin Quijivix Vega, actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en actos significativos de corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contrataciones públicas a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad.

Melvin Quijivix. Foto: Canal de Gobierno.

Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Portuaria Nacional, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción que denunció actividades corruptas.

Omar Barrios. Foto: Prensa Libre.

Walter Ramiro Mazariegos Biolis, Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022, mediante un proceso de selección fraudulento.

Walter Mazariegos. Foto: La Hora.

Julio de 2022

Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos Empornac (Atlántico) y EPQ (Pacífico). Se involucró en corrupción al confabular con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos en los puertos.

Axel Arturo Samayoa. Foto: Redes sociales.

Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición en el gremio de abogados para influir en miembros de la Comisión de Postulación para magistrados, según la investigación judicial denominada “Comisiones Paralelas 2020” que llevó a jueces corruptos a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Estuardo Gálvez: Foto: Prensa Libre.

Dennis Billy Herrera Arita, abogado que socavó procesos o instituciones democráticas al participar en la estructura denominada “Comisiones Paralelas 2020” que llevó a jueces corruptos a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Dennis Herrera. Foto: FGER.

Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Quiché, incurrió en actos de corrupción al obstruir investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables.

Erick Santiago. Foto: Prensa Libre.

Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez tercero del ramo penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores de la estructura denominada “Comisiones Paralelas 2020” que llevó a jueces corruptos a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Geisler Pérez. Foto: Guatemala Visible.

José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en actos de corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo como ministro. Recibió sobornos de contratistas y facilitó la distribución de los mismos.

José Luis Benito. Foto: Soy502.

José Rafael Curruchiche Cucul (Rafael Curruchiche), el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del Gobierno y por presentar denuncias aparentemente espurias contra exfiscales de la FECI, abogados particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Rafael Curruchiche. Foto: Soy502.

Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), incurrió en actos de corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno.

Ramón “Moncho” Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, incurrió en actos de corrupción al sobornar a funcionarios públicos y de esta manera perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

Ramón Campollo. Foto: Redes sociales.

Sofía Janeth Hernández Herrera, actual diputada por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), socavó procesos o instituciones democráticas al hacer mal uso de sus poderes oficiales para que miembros de la UCN mantuvieran indebidamente roles de liderazgo en comisiones del Congreso y usar su alianza con organizaciones del narcotráfico para intimidar a opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en acciones legales dentro del Congreso de Guatemala como represalia contra sus enemigos para beneficio personal.

Sofía Hernández. Foto: El Periódico.

Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, incurrió en actos de corrupción al sobornar a funcionarios públicos y de esta manera perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

Steffan Lehnhoff. Foto: Redes sociales.

Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo), actual directora del Instituto de la Víctima, socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar la estructura denominada “Comisiones Paralelas 2020” que llevó a jueces corruptos a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Alejandra Carrillo. Foto: Redes sociales.

Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en la estructura denominada “Comisiones Paralelas 2020” que llevó a jueces corruptos a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Nery Medina. Foto: Emisoras Unidas.

Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en la estructura denominada “Comisiones Paralelas 2020” que llevó a jueces corruptos a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Vitalina Orellana. Foto: Organismo Judicial.

Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), incurrió en actos de corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno.

Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de Primera Instancia Penal, entorpeció investigaciones por hechos de corrupción al demorar de forma deliberada los procesos judiciales.

Víctor Cruz. Foto: RICIG.

Septiembre de 2021

Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP. Entorpeció investigaciones de hechos de corrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las denuncias de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se señala que Pineda avisó a personas que eran investigadas sobre los casos que se estaban construyendo en su contra.

Ángel Pineda. Foto: El Periódico.

María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general reelecta. Obstruyó las investigaciones de hechos de corrupción al interferir en las investigaciones penales. El patrón de obstrucción de Porras incluía ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados ​​en consideraciones políticas  y  socavar activamente las investigaciones   llevadas a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, incluso despidiendo a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y  transfiriendo y despidiendo fiscales que investigan la corrupción. 

Consuelo Porras. Foto: No Ficción.

Julio de 2021

Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en sobornos y financiamiento electoral ilegal, así como el blanqueo del producto de la corrupción para beneficio propio. Ha sido designado conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción.

Alejandro Sinibaldi. Foto: Prensa Libre.

Álvaro Colom Caballeros, expresidente, participó en actos de corrupción significativa al estar implicado en fraude y malversación relacionados con un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala, denominado Transurbano.

Alvaro Colom. Foto: Reuters.

Blanca Aida Stalling Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema, estuvo implicada en actos significativos de corrupción, al participar en mecanismos de soborno e influir de manera indebida en el poder judicial. Ha sido designada conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción.

Blanca Stalling. Foto: Emisoras Unidas.

Boris Roberto España Cáceres, actual diputado en el Congreso de Guatemala, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en tráfico de influencias y sobornos.

Boris España. Foto: Congreso de la República.

Delia Bac Alvarado, exdiputada, participó en actos significativos de corrupción a través del uso indebido de fondos públicos en beneficio propio. Ha sido designada conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción.

Delia Bac. Foto: Emisoras Unidas.

Elder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura, estuvo implicado en actos significativos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias en beneficio propio.

Elder Súchite. Foto: Ministerio de Cultura.

Felipe Alejos Lorenzana, exprimer secretario del Congreso de Guatemala, ha participado en actos significativos de corrupción. Mientras se desempeñó en su función, Alejos estuvo implicado en actos corruptos con el fin de enriquecerse, al tiempo que también perjudicó sustancialmente la actividad económica internacional de empresas estadounidenses. Ha sido designado al amparo del programa de sanciones Magnitsky Global y el artículo 7031(c) por estar implicado en actos significativos de corrupción.

Felipe Alejos. Foto: Congreso de la República.

Florencio Carrascoza Gámez, actual alcalde de Joyabaj, actuó contra instituciones o procesos democráticos al intimidar y encarcelar indebidamente a opositores políticos.

Florencio Carrazcosa. Foto: Congreso de la República.

Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en mecanismos de soborno, incluida su intervención en una estructura delictiva que exigió, cobró y depositó sobornos a contratistas del Estado a cambio de beneficios personales.

Guillermo Sosa. Foto: El Periódico.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de Guatemala, participó en actos significativos de corrupción al facilitar pagos a diputados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala para que influyeran indebidamente en el proceso de selección judicial de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones, a fin de asegurar su futura excarcelación y la desestimación de los cargos por corrupción en su contra. Ha sido designado al amparo del programa de sanciones Magnitsky Global y el artículo 7031(c) por estar implicado en actos significativos de corrupción.

Gustavo Alejos. Foto: Moisés Castillo.

Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operador político y empresario, ha actuado contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Gustavo Herrera. Foto: El Periódico.

Jorge Estuardo Vargas Morales, actual diputado, participó en hechos significativos de corrupción y actuó para debilitar instituciones o procesos democráticos al participar en sobornos, coerción y tráfico de influencias.

Jorge Vargas. Foto: Congreso de la República.

Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y exmiembro de una comisión del Congreso a cargo de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, actuó contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su autoridad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Juan Carlos Godínez. Foto: USAC.

Manuel Duarte Barrera, quien actualmente integra la Corte Suprema, ha debilitado instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Manuel Duarte. Foto: Organismo Judicial.

Mario Amílcar Estrada Orellana, exdiputado, excandidato presidencial, participó en actos significativos de corrupción y fue condenado por la justicia de EE. UU. por haber solicitado fondos al Cartel de Sinaloa en México con el fin de financiar campañas políticas.

Mario Estrada. Foto: Prensa Libre.

Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG FCT, procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental, así como el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Moisés Galindo. Foto: Plaza Pública.

Mynor Mauricio Moto Morataya, elegido en enero de 2021 para ocupar una vacante en la Corte de Constitucionalidad, actuó contra instituciones o procesos y participó en actos significativos de corrupción al obstaculizar la justicia y recibir sobornos a cambio de dictar una decisión favorable.

Mynor Moto. Foto: El Periódico.

Néster Mauricio Vásquez Pimentel, quien actualmente integra la Corte Suprema, ha socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Néster Vásquez. Foto: La Hora.

Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo (FCT), procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental.

Raúl Falla. Foto: Guatemala Visible.

Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG FCT, intentó demorar u obstaculizar procesos penales contra exfuncionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental.

Ricardo Méndez. Foto: Emisoras Unidas.

State.gov: actores corruptos y antidemocráticos, julio de 2021.

State.gov: Actores corruptos y antidemocráticos, julio de 2022.

State.gov: Actores corruptos y antidemocráticos, julio de 2023.