Ante la cada vez más evidente confrontación entre políticos en el Congreso Nacional que ha llevado a la polarización e ingobernabilidad democrática en los últimos días, las organizaciones del CCINOC,

Expresamos nuestra profunda preocupación:

Desde que la actual legislatura asumió en enero de 2022 no se tuvo la madurez y el consenso necesarios para la elección de la Junta Directiva y hubo dos grupos que se autonombraron en los cargos, quedando la que presidió el diputado Luis Redondo, aunque con serios señalamientos por disputas de poder.

En febrero de 2022 fueron designados procurador y subprocurador de la República, cuando quienes ocupaban los cargos debían entregarlos hasta en junio de ese año, contraviniendo con ello la Constitución. Además de que los designados no cumplen con el requisito de ser notarios.

En febrero de 2023, la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hizo procurando cuotas de poder político y no buscando los mejores operadores de justicia, siendo electos pasada una semana de que debían entregar el cargo los anteriores togados debido a esa falta de capacidad de diálogo sin intereses particulares.

Más recientemente, la noche del 31 de octubre, último día de sesiones del período 2023, el partido oficial designó a la Comisión Permanente, dirigida por el mismo presidente del Congreso, para cumplir funciones hasta enero de 2024. Esto con el malestar de la oposición debido a que había solicitado ampliar el período de sesiones a noviembre para encontrar los consensos que permitieran elegir al próximo fiscal general y fiscal adjunto de las cinco propuestas establecidas por la Junta Proponente. Estos funcionarios debieron tomar posesión el 1 de septiembre.

Este hecho y la intención de los nueve integrantes de la Comisión Permanente de designar ellos al fiscal general y fiscal adjunto provocó agresiones entre los mismos diputados, acción que fue replicada por seguidores del oficialismo y de opositores en las afueras del Congreso y horas después también en los alrededores del Ministerio Público, cuando al mediodía del 1 de noviembre, se oficializó el nombramiento y juramentación, incumpliendo el mandato constitucional de que esa es tarea del pleno, con 86 de los 128 diputados.

El detonante de la crisis actual es la poca voluntad de los bloques partidarios. Tal parece que el interés de los partidos mayoritarios es contar con operadores de justicia a la medida de sus intereses, que aseguren la impunidad de aquellos políticos y sectores involucrados en actos de corrupción.

Más allá del hecho consumado por la Comisión Permanente, que agudiza la crisis de ingobernabilidad al designar a dedo fiscal general y adjunto, la pregunta es si habrá voluntad y consenso para una elección posterior con las dos terceras partes de los votos que manda la Constitución, o se mantendrá una imposición e irrespeto a la ley.

Es por ello que exigimos:

A los partidos políticos dejar de lado las rencillas y los intereses partidarios para encontrar el camino del diálogo sincero en busca del fortalecimiento al sistema democrático erosionado en la última década. Esta acción incluye a sus partidarios y simpatizantes que reproducen la polémica y la violencia que solo benefician a sectores corruptos y de poder.

A la población en general que permanezca atenta y exija que sus representantes en el Congreso Nacional se conduzcan con la honorabilidad que caracteriza a ese alto órgano del Estado y que busquen los consensos que permitan encaminar todos los esfuerzos en el combate de problemas nacionales como la inseguridad, falta de educación, salud y la crisis económica que afecta a todos.

Honduras, 03 de noviembre de 2023