Tras asumir la titularidad del Poder Ejecutivo en Honduras, la presidenta Xiomara Castro solicitó el 14 de febrero del presente año el apoyo de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Entre el 8 y 14 de mayo, una misión de evaluación técnica del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, la Oficina de Asuntos Jurídicos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Oficina contra la Droga y el Delito y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó una visita a Tegucigalpa, Honduras, a partir de la cual realizó un diagnóstico de los instrumentos jurídicos, instituciones gubernamentales, sociedad civil y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Dicha misión emitió además recomendaciones de reformas legales necesarias para el establecimiento y buen funcionamiento de la Comisión, al tiempo que estableció un diálogo con operadores de justicia con el fin de ofrecer apoyo técnico en el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia hondureña, proceso que inicia en octubre próximo.
Casi dos meses después de recibir estas recomendaciones, el gobierno hondureño, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, ha enviado una contrapropuesta oficial a Naciones Unidas con disposiciones que limitarían la capacidad del mecanismo de actuar e investigar de manera independiente, con autonomía y neutralidad.
Tras conocer esta respuesta, el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), conformado por organizaciones de sociedad civil de Guatemala, Honduras y El Salvador se pronuncia en los siguientes términos:
- La promesa de campaña de la ahora presidenta Xiomara Castro para la instalación de una CICIH responde a un anhelo ciudadano para el combate efectivo de la corrupción e impunidad en Honduras, que como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) surgió y se manifestó en las calles desde la administración anterior. Sin embargo, es necesario definir plazos de acción para evitar que esta aspiración sea relegada de la agenda pública.
- Naciones Unidas ha señalado la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos reglamentarios como requisito para continuar el proceso de instalación de la Comisión, incluyendo el marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito, la abrogación del Decreto 116-19 que limita al Ministerio Público para investigación de funcionarios vinculados con el uso irregular de fondos públicos, el levantamiento del secreto concerniente a la situación de fideicomisos y reformas de normativas que mejoren los instrumentos de investigación y procesamiento del Ministerio Público, así como la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz. En ese sentido, se requerirá de voluntad política para promover las reformas legales que puedan permitir el funcionamiento efectivo de la Comisión y que la clase política deponga intereses particulares ante el interés de la ciudadanía.
- El Estado hondureño, en el marco del respeto a la institucionalidad, debe garantizar que tanto fiscales como jueces internacionales puedan aportar de forma independiente, autónoma y neutra al proceso de investigación para asegurar un buen resultado de su gestión y, en consecuencia, el cumplimiento de la aspiración popular de justicia.
- Mecanismos de rendición de cuentas concernientes al proceso de negociación entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas deben ser instalados para permitir que la ciudadanía se mantenga informada de los avances y pueda presentar propuestas.
- Ante la inminente elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y la próxima elección del fiscal general de la República, se requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad para transparentar estos procesos clave en la investigación penal e impartición de justicia, de manera que la lucha contra la corrupción e impunidad sea fortalecida en favor de las y los hondureños, y no adaptada a grupos o élites políticas y económicas.
- Desde la sociedad civil, hacemos un llamado a la ciudadanía hondureña a ejercer su derecho y deber de exigir al poder la rendición de cuentas en un proceso vital para el Estado de Derecho y la lucha contra los flagelos de corrupción e impunidad que durante décadas han imperado en detrimento de la población.
- Instamos al gobierno hondureño a demostrar su compromiso y voluntad para que la CICIH pueda impulsar la justicia de forma independiente y combatir la impunidad, en cumplimiento a su compromiso de promover un esfuerzo por reforzar el Estado de Derecho, la separación de poderes y la lucha contra la corrupción e impunidad.
Una CICIH sin «dientes» sería una burla a la aspiración del pueblo hondureño, un disfraz para la impunidad, las investigaciones y proceso contra los implicados en delitos de corrupción. Sin una garantía de independencia para el mecanismo, Honduras perdería otra valiosa oportunidad para combatir la corrupción e impunidad.
Agosto de 2022