expresamos:
1. Que vemos con profunda preocupación que luego de la contundente victoria en un sistema democrático de participación en las urnas en la cual Bernardo Arévalo de León, del partido Movimiento Semilla, ganó por amplia mayoría la Presidencia de Guatemala —con 60.91% del voto popular—, desde el Ministerio Público (MP) se siga criminalizando e intentando impedir la participación del gobernante electo y las demás personas integrantes de su partido en los cargos para los cuales los eligió el pueblo de Guatemala. Además de que continúan con la persecución de magistradas, magistrados y otras personas funcionarias del Tribunal Supremo Electoral.
2. Que es antidemocrático y de regímenes autoritarios lo que realiza el MP dirigido por la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal especial Rafael Curruchiche, de instrumentalizar el sistema judicial en contubernio con jueces como Fredy Orellana y Jimi Bremer, para criminalizar a integrantes de Movimiento Semilla que llevó a la Presidencia a Arévalo y a personas operadoras de justicia como la recientemente detenida exmandataria de CICIG, Claudia González, y quien es defensora de exjueces, exfiscales y exmandatarios de CICIG también criminalizados por el MP de Porras y Curruchiche.
3. Que es alarmante que entre los planes para acallar al presidente electo se descubrieran intenciones de asesinarlo; que el Gobierno actual no reconoció inicialmente el peligro que corren las personas dirigentes de Movimiento Semilla sino hasta que la CIDH lo denunció y otorgó medidas cautelaras; y que desde el Congreso de la República se haya restringido a actuales diputadas y diputados de Movimiento Semilla, declarándolos independientes y limitando su derecho de participación en decisiones que constitucionalmente les corresponden. El proceso penal contra Semilla —claramente político— aún no está en firme y cualquier acción en su contra deberá ser posterior a que quede cancelado en definitiva y no en la etapa procesal actual.
4. Que no es normal en una democracia sana y representativa el silencio que guardan diversos sectores de la sociedad guatemalteca como el empresarial organizado, los partidos políticos, personas funcionarias que deben velar por el orden constitucional, entidades gremiales, sindicales y de profesionales, puesto que son las personas llamadas a exigir el respeto a las garantías ciudadanas, políticas y de derechos humanos.
5. Este comportamiento antidemocrático se replica en la región, aunque con matices característicos de los gobernantes de cada país. El Salvador lleva un año y seis meses de régimen de excepción —desde marzo de 2022— con el cual se combate a las pandillas, pero que deja en indefensión y sin elementales derechos a su población. Organizaciones sociales como Cristosal, miembro del CCINOC, han documento y denunciado miles de arbitrariedades, detenciones ilegales, agresiones y crímenes de Estado. Honduras, por su parte, con una copia de estado de excepción, desde diciembre de 2022, también ha violentado derechos constitucionales. Por disputas políticas y no de méritos, el Congreso Nacional hondureño no ha electo fiscal general y fiscal adjunto, quienes debían asumir para un período de cinco años desde el pasado 1 de septiembre. Su población vive además el acoso político atizado por el partido de Gobierno que convoca manifestaciones que polarizan a la ciudadanía y acosan a sus opositores, incluidas personas líderes sociales, políticas y defensoras de derechos humanos.
Ante ello: exigimos a todas las entidades, personas funcionarias, líderes y lideresas políticos y sociales y ciudadanía en general a que defiendan y luchen por la democracia, cuyas bases están siendo bombardeadas y su destrucción tendría consecuencias de retroceso difíciles de recuperar.
Es prioridad que la población, sin distingo de afinidad partidaria y social alce la voz en contra del atropello que se orquesta desde grupos pro impunidad, acciones que lideran personas funcionarias del Ministerio Público y del Organismo Judicial sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por ser reconocidas como actores corruptos y antidemocráticos.
Vemos que las expresiones de rechazo que brotan en los últimos días en las comunidades y cabeceras municipales son la expresión genuina de un pueblo que busca defender el derecho al voto que la Constitución le ha otorgado y que grupos de poder no cesan de vulnerar.
Guatemala, 7 de septiembre de 2023
