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Los países del norte de Centroamérica necesitan dar un giro a su estrategia de combate a la corrupción para salir de la crisis.

Eric L Olson Secretario técnico del CCINOC

6 de junio de 2022

El norte de Centroamérica vive un episodio de cooptación de sus instituciones públicas, en medio de múltiples señalamientos de corrupción. Foto: Prensa Comunitaria.

El norte de Centroamérica vive un episodio de cooptación de sus instituciones públicas, en medio de múltiples señalamientos de corrupción. Foto: Prensa Comunitaria.

El norte de Centroamérica está sumido en una crisis política y económica. Con el pasar de los años se deteriora y acrecienta, producto de la corrupción sistémica y los malos liderazgos. Prueba de ello, la ubicación de estos países en el informe de Percepción de la corrupción, presentado en enero pasado por Transparencia Internacional. El documento evalúa a 180 naciones, con entre 1 y 100 puntos, según su nivel de buena gestión. Con este contexto, echemos un vistazo al problema y al combate a la corrupción.

A pesar de los cambios políticos en Honduras, que dan esperanza, ese país se ubica en el puesto 157, con 23 puntos. Claramente esto indica que la corrupción es profunda, institucional y no termina con una elección.

En los otros países, el panorama es igual de desalentador. Guatemala se encuentra en el puesto 150, con 25 puntos, y El Salvador en el 115, con 34. En el caso de Honduras y El Salvador descendieron una y dos posiciones respecto del año anterior. Honduras y Guatemala están debajo solo de Venezuela, Nicaragua y Haití, considerados los países más corruptos del continente.

La corrupción no es un fenómeno aislado, tiene un impacto directo en las vidas de las y los ciudadanos. Afecta la capacidad del Estado de proveer beneficios básicos. Entre ellos están salud, educación, electricidad, seguridad e infraestructura. Esto contribuye directamente a la pobreza y a la desigualdad. Según el Banco Mundial, Honduras, con un 52.6%, y Guatemala, con 52.4%, son los países con población más pobre en América Latina. Y el problema crece en comunidades indígenas y afrodescendientes. El Salvador se ubica en sexto lugar, con el 29%.

Sobre la economía informal, diversos estudios en cada país indican que entre 7 y 8 de cada 10 personas aptas para empleabilidad, lo hacen sin condiciones básicas para satisfacer sus necesidades. Esto se suma a la alta criminalidad, la falta de acceso a sistemas de salud, educación pública y apoyo social.

La corrupción e impunidad que reina en la región no es actual. Es sistémica y está enraizada desde hace décadas. Empezó a visibilizarse entre los años ochenta y noventa. En este momento se registraron los puntos más altos de los conflictos armados en Guatemala y El Salvador. Y ahora pareciera que la democracia en el norte de Centroamérica está viviendo su momento más oscuro.

El poder económico y político han cancelado organizaciones, encarcelado opositores. Incluso, muchas personas han huido de sus países por ejercer el derecho de expresión, la libertad de pensamiento y la denuncia.

Es evidente el contexto de hostilidad y debilitamiento institucional. Por eso, un grupo de 10 organizaciones independientes formaron la primera red centroamericana de gestión y apoyo mutuo en el combate a la corrupción y la impunidad. Denominada el CCINOC, esta red por primera vez reconoce que la corrupción es transnacional. Así mismo, plantea que la sociedad es más fuerte cuando logra trabajar y enfrentar conjuntamente a los poderes corruptos.

Las organizaciones miembros del CCINOC han identificado cuatro áreas estratégicas donde definen una agenda en común para el combate a la corrupción. Primero, continúan su labor tradicional de investigación y denuncia penal en contra de autoridades corruptas. Usan las herramientas a su disposición para hacer auditoría social de los gastos. También lo hacen con los procedimientos para la adquisición de bienes y obras públicas. En los tres países, los miembros del CCINOC actuaron durante la pandemia de Covid-19. En este momento investigaron y denunciaron irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

Segundo, estos equipos de trabajo empiezan a realizar análisis. Revisaron las leyes y procedimientos que permiten la corrupción y la impunidad en la región. De hecho, se está elaborando una metodología para crear un índice sobre los factores que contribuyen a estos flagelos. También toma en cuenta los candados legales y burocráticos que impiden mejorar las prácticas del Estado. El índice será un instrumento de comparación entre los países. Además, servirá para fundamentar recomendaciones sobre cómo superar obstáculos relacionados con el combate a la corrupción.

Tercero, el CCINOC entiende que la corrupción tiene un impacto directo en la vida de los centroamericanos. No se trata solo de un político o presidente corrupto. El punto es cómo la corrupción roba el futuro a los ciudadanos. La corrupción roba dinero a los sistemas de salud y al sistema educativo. También a los fondos para hacer obra púbica, como caminos y puentes.

Por lo tanto, los miembros del CCINOC se proponen desarrollar campañas públicas para informar de los daños causados por la corrupción. De igual modo, difundirán qué impacto puede tener en sus vidas. Así, se busca crear un público informado dispuesto a demandar ética a sus autoridades.