Análisis presentado por la Delegación, del 12 al 14 de septiembre de 2022, que se reunió con organizaciones que velan por las derechos humanos en América Latina, representantes del Congreso y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La migración irregular de los países del norte de Centroamérica a Estados Unidos ha llegado a cifras sin precedentes en los últimos años. Este crecimiento se explica por causas diversas, entre ellas condiciones de pobreza, la falta de oportunidades para una vida plena, la inseguridad y la violencia, y los desastres asociados a fenómenos naturales que profundizan la vulnerabilidad.

Al fenómeno migratorio también contribuye el descontento ciudadano hacia la clase política, generalmente percibida corrupta y que gobierna al servicio de grupos de poder. La mala administración pública y asignación presupuestaria, la corrupción y el nepotismo tienen un efecto directo sobre las decisiones de migrar, al ser una limitación a las oportunidades, incluso, de personas altamente calificadas.

La atención adecuada del fenómeno migratorio requiere acciones integrales que estén encaminadas a mejorar las condiciones de vida en los países del norte de Centroamérica. Se consideran prioritarias las orientadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad, la reconstrucción del Estado de derecho y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones constitucionales y satisfacer las necesidades de la sociedad.

En el cumplimiento de estos objetivos es fundamental el fortalecimiento y trascendencia de la sociedad civil como un pilar de la consolidación democrática de la región. La articulación regional es crucial para el esfuerzo anticorrupción, y cada vez más urgente para contrarrestar la propagación creciente y acelerada de acciones autoritarias y antidemocráticas de los gobiernos. Estas acciones incluyen amenazas y ataques directos en contra de la sociedad civil organizada, la prensa independiente y operadores de justicia, muchos en el exilio o sufriendo persecución penal espuria y encarcelamiento injusto.

En este contexto tan preocupante y de deterioro creciente, el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) se organizó como una red de organizaciones de la sociedad civil con proyección nacional, regional e internacional. Sumamos conocimientos y experiencias, articulamos y fortalecemos esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad en El Salvador, Honduras y Guatemala, como instituciones independientes, apartidistas, sin ánimos de lucro y comprometidas con el fortalecimiento democrático de la región, en el contexto de una alianza horizontal.

Aunque la corrupción y la impunidad presentan particularidades en cada uno de los tres países, comparten aspectos comunes como su carácter crónico y sistémico, con desafíos de dimensiones institucionales, sociales y culturales. Frente a estos retos y con no pocos obstáculos, la sociedad civil organizada, aun cuenta con algunos espacios, pero cada día menos, para fiscalizar, dialogar e incidir a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

Los actuales retrocesos antidemocráticos y autoritarios en el norte de Centroamérica están vinculados con la forma en que se suprimieron entes internacionales de apoyo a los esfuerzos nacionales anticorrupción y de lucha contra la impunidad. La pérdida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), fue el resultado de la negativa de los gobiernos a renovar sus convenios de creación, en el caso de la CICIG y la MACCIH, o el rompimiento unilateral del convenio por parte del gobierno en el caso de la CICIES.

En Guatemala los cuerpos ilegales, los aparatos clandestinos de seguridad y las redes político-económicas ilícitas se han rearticulado y están ejecutando una estrategia restauradora de la impunidad que se procuraron y gozaron antes de la CICIG. Estas estructuras están logrando implementar con éxito su estrategia ejerciendo poderes fácticos y legales, ilegítimos y autoritarios, con los cuales han logrado capturar las instituciones garantes del Estado Constitucional de Derecho y del cumplimiento de las leyes, y de prácticamente la totalidad de las instituciones de los tres poderes del Estado. La captura del sistema de administración de justicia es particularmente grave, por el nombramiento de integrantes de estas estructuras en las magistraturas de las altas cortes, y por la acción de la fiscal general y jefa del Ministerio Público a favor de la impunidad, y al servicio de esas estructuras, criminalizando a operadores de justicia que investigaron y persiguieron penalmente casos de corrupción, a defensores de derechos humanos y ambientales que han expuesto los abusos del poder, a periodistas independientes y defensores del territorio.

Esta estrategia restauradora del poder criminal y corrupto en Guatemala también ha logrado la aprobación y vigencia de herramientas normativas que contravienen estándares internacionales de derechos humanos. Cuenta con el apoyo de funcionarios dispuestos a violar normas convencionales para cancelar arbitrariamente organizaciones de la sociedad civil, independientes, contestatarias y que denuncian la corrupción y los abusos de las autoridades, violando las garantías constitucionales al derecho fundamental de libertad de asociación y organización, con el riesgo permanente de criminalización de sus representantes y autoridades.

Causa preocupación extrema que la consolidación del poder de estas estructuras en Guatemala, y que conforme los retrocesos autoritarios y antidemocráticos continúen agudizándose, las Elecciones Generales programadas para junio de 2023 corren peligro muy grave. Lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral figura como uno de los casos de captura más preocupantes, y se teme que se exacerben y propaguen los casos de intervención, infiltración y control del crimen organizado, especialmente el narcotráfico internacional, sobre partidos políticos y candidaturas, en tanto que las opciones político partidarias legítimas y que puedan representar oportunidades y esperanzas de corregir las anomalías sean bloqueadas, si no perseguidas penalmente, desde la institucionalidad estatal capturada, especialmente el Tribunal Supremo Electoral y todo el sistema de administración de justicia.

En el caso de Honduras, han transcurrido siete meses desde que asumió la Presidencia de la República Xiomara Castro, quien, encabezando la alianza opositora, enarboló un discurso de lucha anticorrupción. La derogación de un conjunto de normativas que ha significado un retroceso en la persecución de delitos contra la administración pública, que limita al Ministerio Público en la acción penal y que constituye el denominado pacto de impunidad, fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Aunado a lo anterior, la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), jugó un papel importante en el triunfo de la alianza de oposición. Si bien existen algunos avances como la derogación de la ley de secretos, aún está pendiente el desmontaje del entramado legal e institucional que sostiene la impunidad en Honduras y que, de no actuar a tiempo, solo se convertirá en el mismo manto que cubrirá a las reconfiguradas elites de poder político, económico y fáctico del país. 

La decisión del nuevo gobierno de negociar la instalación de una CICIH con apoyo de las Naciones Unidas, parece ser la esperanza heredada a la ciudadanía por una MACCIH que pudo lograr más, de haber tenido mejores condiciones. Las negociaciones entre Naciones Unidas y el Estado de Honduras han comenzado y su éxito dependerá de la capacidad colaborativa que demuestre el Estado hondureño, así como de la voluntad que tenga de implementar las conclusiones y requisitos que emita el equipo de expertos en el diagnóstico de la primera fase, que incluye, más no se limita a, la necesidad de derogar, abrogar, reformar y aprobar determinados textos reglamentarios y normativas.

Actualmente se está desarrollando el proceso para la selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia en medio de un proceso de reformas a la normativa que regula este procedimiento. La Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue aprobada, y según algunos sectores supone un avance (perfectible) en un proceso que históricamente ha sido cuestionado por opaco y arbitrario. Las organizaciones de sociedad civil juegan un papel fundamental en este proceso, por ser uno de los sectores que tienen representación en la Junta Nominadora y, en esta ocasión, porque los resultados supondrán un hito en el futuro de la lucha anticorrupción y el éxito que pueda tener la CICIH.

Los espacios de oportunidad también visibilizan los retos que persisten y en ocasiones han sido opacados por el nepotismo en la conformación del gobierno central, una mala señal si se quiere salir de las prácticas del pasado. En el mismo sentido, se aprobó una ley de amnistía que, tergiversando la naturaleza de la figura jurídica, ha beneficiado a funcionarios de la administración Zelaya, quienes tenían procesos pendientes por delitos contra la administración pública.

En los últimos años, el debilitamiento de los sistemas de contrapesos democráticos ha sido la norma en El Salvador. La Asamblea Legislativa, donde predomina el partido de gobierno, destituyó a jueces de la Corte Suprema de Justicia, y removió fiscales y jueces de instancias inferiores. Estas prácticas han preparado el camino para gobernar sin controles y en total opacidad, además de posibilitar reformas constitucionales referentes al período de mandato y reelección presidencial. Adicionalmente, existe control sobre los principales medios de comunicación televisivos y radiales, así como un amplio uso de las redes sociales por parte del gobierno para instalar narrativas que disminuyen la importancia de los DDHH y el uso de noticias falsas.

En los últimos meses, una tendencia común en El Salvador y Honduras es la imposición de estados de excepción, estados de emergencia o toques de queda, con la justificación de hacer frente a la violencia e inseguridad. Estas medidas se han decretado por gobiernos locales en el caso de Honduras y por el gobierno central en el caso de El Salvador, donde, tras cuatro meses de renovar el estado de excepción, ha perdido su carácter excepcional. El estado de excepción en El Salvador atenta contra el espacio cívico al suspender garantías fundamentales e imponer limitaciones para que las organizaciones de sociedad civil puedan desarrollar su trabajo en el espacio público. Además de esto, se han registrado capturas indiscriminadas que están violentando el debido proceso a miles de ciudadanos, muchos de los cuales han sido víctimas de abuso y violaciones a derechos humanos.

El CCINOC saluda que el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la gobernanza democrática y el avance del Estado de Derecho sean pilares de la estrategia de la administración Biden-Harris para responder a las causas impulsoras de la migración y reconoce la implementación de la Fuerza Tarea Anticorrupción y otras iniciativas. Sin embargo, el Centro considera que para alcanzar los objetivos planteados en esa estrategia, se requiere revisar la ruta para su abordaje, apuntando a mayores niveles de efectividad, de cara al grave deterioro que está registrándose en la región.

El CCINOC estima importante considerar los factores siguientes:

• En la mayoría de los países las medidas anticorrupción se enfocan en el Poder Ejecutivo, por lo que se debe prestar mayor atención a enfrentarla también en los Poderes Legislativo y Judicial, y los demás órganos operadores de justicia, también al fortalecimiento de las instituciones reguladoras y de control, y de la sociedad civil organizada e independiente.
• El papel de la sociedad civil en denunciar los actos contrarios a la ley es esencial, por lo que deben corregirse las restricciones al acceso a la información pública, fortalecerse las capacidades para coadyuvar y apoyar la investigación, prevención y persecución penal de actos de corrupción.
• Reconocer que la corrupción no es un fenómeno exclusivo del sector público, por lo que se deben intensificar esfuerzos por identificar y comprender la participación del sector privado, y las formas correctas de investigar, prevenir y sancionar.
• Fortalecer las capacidades de la sociedad civil frente a la criminalización que afecta los procesos ya iniciados y desincentiva la participación ciudadana en el ejercicio de la auditoria social.